El incremento de llegadas de personas migrantes y refugiadas a las fronteras a partir de 2015 supuso un punto de inflexión y ha puesto de manifiesto la incapacidad de la UE para dar una respuesta común y respetuosa con las vidas y los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Más de 18.000 personas han muerto en el Mediterráneo desde el 2014.
En este contexto adverso, las organizaciones de rescate solo tratan de cumplir con el deber internacional de socorrer a personas que se encuentran en peligro en el mar para posteriormente trasladarlas al puerto seguro más cercano. Conforme al Principio de No Devolución recogido en la Convención de Ginebra de 1951 que prohíbe a los Estados expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o en el que pudiera sufrir tortura o tratos inhumanos y degradantes, como es evidentemente el caso de Libia u otros países del norte de África.
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