ARMHCUENCA se ha sumado el viernes 19 de agosto a la querella abierta en Argentina para juzgar las violaciones de derechos humanos durante el franquismo y la transición. Nuestro Compañero Matías Viotti Barbalato entregó poder judicial y presentación en la causa a la abogada Julieta Bandirali, integrante del equipo jurídico de la querella en Buenos Aires. Querella empezó el 14 de abril de 2010, generándose CEAQUA, Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo. Fue nuestro contacto con La Comuna y con el COT, Colectivo de Olvidados de la Transición, el que nos llevó a preguntar y ver que era necesario para incorporarnos a la querella. Así entramos en contacto con el abogado Jacinto Lara Bonilla de la APDHE, Asociación Pro Derechos Humanos de España, que fue nuestro guía en el proceso.
Argentina investiga los crímenes del régimen franquista en base al principio de justicia universal, reconocido en su Constitución, que le permite investigar delitos de lesa humanidad con independencia del tiempo o del lugar en el que han sido cometidos. Curiosamente siguiendo los pasos dados por Baltasar Garzón que en su día abrió causa contra Augusto Pinochet y varios militares argentinos.
El mismo Baltasar Garzón que fue inhabilitado en 2012 por prevaricación durante la instrucción de la Gürtel, el mismo que ha sido asesor del Tribunal Penal Internacional y en la misma Argentina coordinador de asesoramiento internacional en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. También el mismo Garzón que en 2006 se declaró competente desde la audiencia nacional para llevar adelante las acciones necesarias para investigar las responsabilidades en distintos crímenes del franquismo. Y topó con la Ley de Amnistía, el sello del postfranquismo de la transición para cubrir los crímenes perpetrados durante la dictadura, ley que en 1977 el parlamento, aún no constitucional, firmó con el fin de amnistiar todos los crímenes cometidos entre 1939 y 1976. Lo que se vendió como la ley del indulto para liberar las cárceles llenas de opositores políticos fue la misma que garantizó que nadie levantara las alfombras y abriera los cajones buscando justicia para las víctimas de la dictadura, quedando estas indefensas, como siguen a día de hoy. Ya lo dijo Manuel Fraga en 1960, “Spain is different”.
Hemos incluido a la provincia de Cuenca en este intento de poner negro sobre blanco la realidad de esta “democracia plena” en la que vivimos donde buena parte de la judicatura, y no solo en las altas esferas, y parte de los partidos políticos están imbuidos del relato franquista del olvido inamovible y de equidistancia falaz. No hay más que ver como se escudan en una transición que venden como modélica, igual que vendieron sus antepasados la República como un estado insostenible de conflictos. Los hechos poco importan, hubo más muertes en la transición pacífica que en aquella inasumible y sangrienta primavera de 1936.
No hay más que ver como las propias instituciones municipales en nuestra región se saltan a la torera u obstruyen el cumplimiento la legislación vigente al respecto, impunemente. Impunidad es la palabra y contra ella nos sumamos a la querella argentina.
Se integra Cuenca pues en este movimiento en pos de la justicia universal ante crímenes de lesa humanidad y toda clase de violaciones de los derechos humanos. Los crímenes investigados incluyen tortura y encarcelamiento, desapariciones forzosas, asesinatos, trabajos forzados, niños robados y sentencias de muerte. Y lo hace genéricamente, aunque en un futuro no muy lejano incluiremos casos particulares documentados de nuestra provincia. Se hace en Argentina ante la imposibilidad de hacerlo en nuestro país.
Por último, también hemos reforzado lazos en una nueva dirección, los Juicios de la Verdad con el fiscal Diego Vigay de la Fiscalía Federal en Causas de Lesa Humanidad de Chaco, a través del abogado Duilio Jorge Ramírez también presente en estos juicios, que generan una investigación dónde el Estado reconoce los delitos de lesa humanidad perpetrados, aunque los acusados o los testigos hayan muerto.
